El recorte en licencias médicas complica la reforma laboral en Diputados y genera desconcierto en el oficialismo

La reforma laboral aprobada con media sanción en el Senado genera tensiones en la Cámara de Diputados debido a una modificación incorporada a último momento en el artículo 44, que reduce el pago durante licencias por enfermedades o accidentes no laborales a 50% o 75% del salario, según el origen del impedimento. Esta cláusula, que no figuraba en el proyecto original enviado por el Ejecutivo, provocó disconformidad entre bloques dialoguistas aliados al oficialismo y sorpresa en sectores del propio Gobierno, donde no se asume responsabilidad por su inclusión ni se identifica con claridad quién la impulsó.

El proyecto de reforma laboral, que obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra en el Senado, enfrenta ahora un debate clave en la Cámara baja. El oficialismo, liderado por La Libertad Avanza, planea acelerar el trámite: convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto para el miércoles próximo, con el objetivo de obtener dictamen y sesionar posiblemente el jueves, a fin de que la normativa entre en vigencia durante marzo.

El foco de las controversias radica en el artículo 44, que sustituye el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este establece que, ante un accidente o enfermedad no derivada del trabajo que impida prestar servicios, el trabajador percibirá el 50% de su remuneración básica si el impedimento surge de una actividad voluntaria y consciente que implicara riesgo para la salud (durante 3 meses sin personas a cargo o 6 meses si las tiene). En caso contrario, el porcentaje asciende al 75%. La recaída de enfermedades crónicas no se considera distinta, salvo que ocurra después de dos años.

De sufrir retoques en Diputados, el proyecto debería retornar a la Cámara Alta para su discusión.

Bloques aliados como el PRO, la UCR y Provincias Unidas expresaron reservas sobre esta disposición. Desde el PRO se señaló que podría disminuir los niveles de protección y aumentar la litigiosidad. Un legislador opositor indicó al diario Clarín que "en lugar de resolver el tema de las licencias médicas va a generar mayor litigiosidad", ejemplificando con casos graves como un paciente con cáncer que recibiría solo el 50% de la remuneración básica, sin adicionales ni comisiones, lo que derivaría en juicios.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, rechazó modificaciones al texto salido del Senado y defendió la necesidad del cambio para prevenir abusos en licencias prolongadas. Desde el oficialismo se evalúa aclarar situaciones especiales (como enfermedades crónicas) en la reglamentación, sin alterar el articulado.

Otros puntos en disputa incluyen el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuestionado por Provincias Unidas por falta de claridad en su aplicación y administración (con aportes del 3% de ANSES, redistribuidos mayoritariamente a pymes). El PRO pidió eliminar el artículo que permite pagar salarios vía billeteras virtuales, argumentando que no corresponde imponer al trabajador la forma de cobro.

Además, el peronismo reclama precisiones sobre la vigencia: el texto indica que la ley entra en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial (salvo disposición contraria), lo que genera dudas sobre aplicación retroactiva a contratos existentes. La oposición advierte que, de aplicarse a relaciones laborales previas, provocaría una ola de juicios por derechos adquiridos.

En la cúpula del Gobierno niegan haber llevado adelante la polémica modificación.

Respecto al origen del artículo 44, fuentes del Gobierno negaron haberlo impulsado, afirmando que no estaba en el proyecto original y que surgió en negociaciones con aliados. Sin embargo, senadores dialoguistas consultados por el diario La Nación responsabilizaron al Ejecutivo por promoverlo en el tramo final, incluso en versiones más restrictivas que luego se moderaron (por ejemplo, cálculo sobre sueldo bruto en lugar de básico). Ninguna fuente oficial identificó al responsable preciso de su incorporación durante la sesión en el Senado.

El kirchnerismo votó en contra en el Senado. Abogados laboralistas y sectores gremiales anticipan judicialización si el artículo se mantiene, mientras que desde el Gobierno confían en contar con los votos necesarios en Diputados para aprobar el proyecto sin cambios mayores, aunque reconocen que el margen es más ajustado que en la Cámara alta. Si se exigen modificaciones, el texto podría retornar al Senado.